Diez candidatos a Relator/a Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participaron en un conversatorio virtual para discutir temas inherentes a la libertad de expresión. Uno de ellos reemplazará desde octubre próximo a Edison Lanza, quien se desempeña en el cargo desde 2014.
El conversatorio, transmitido en vivo a través de redes sociales, se llevó a cabo este 11 de junio como una actividad inédita impulsada por la plataforma Voces del Sur (VDS), que reúne a 10 organizaciones de la sociedad civil que defienden la libertad de prensa en América Latina; la Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX-ALC por sus siglas en inglés); el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil); la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia; la Alianza Regional para la Libre Expresión y la Fundación para el Debido Proceso. La moderación estuvo a cargo de las periodistas ecuatorianas Andrea Bernal y Ana María Serrano.
Temas como la crisis de los medios después de la pandemia, el acceso a la tecnología y brechas digitales, participación de las mujeres en la opinión pública, acceso a la información, protesta social, entre otros temas, fueron discutidos por las y los candidatos de Brasil, Colombia, México, Jamaica, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Argentina y Estados Unidos.
En ese contexto, el venezolano Andrés Cañizalez sostuvo que, con motivo de la COVID- 19, en su país las manifestaciones, que sobrepasan las 20 por día, han sido reprimidas por las autoridades. Muchos de los ciudadanos han sido golpeados, detenidos arbitrariamente y eso ha lesionado la libertad de expresión.
El argentino Damián Miguel Loreti enfatizó en que no se puede criminalizar a la ciudadanía ni a los defensores de Derechos Humanos. Reconoció que hay contextos difíciles, como los que enfrenta América Latina por la emergencia, pero la represión no puede aplicarse desde los militares ni el uso de armas letales.
La candidata Beatriz Quiñones (Colombia) considera que “La Relatoría debe formar a la sociedad civil sobre sus derechos. Es importante que afine las maneras en que hace monitoreo en la región para establecer si los Estados protegen los Derechos Humanos o los han protegido en estos contextos”.
El acceso a la información también se analizó. La candidata jamaiquina, Andrea Wilson, aseguró que muchos gobiernos en América Latina han utilizado mecanismos para violar este derecho. A su criterio, la falta de transparencia en las cifras oficiales es un inconveniente. Para ella, los periodistas, actores principales para la difusión de información, no tienen protección y están expuestos a peligros durante la cobertura.
Los candidatos consideran que el acceso a las tecnologías es una necesidad que está opacada por la brecha digital. Coincidieron en no se debe trabajar únicamente en contar con equipos, banda ancha, sistemas tecnológicos, sino también con alfabetización digital, un reto, sobre todo, en las comunidades.
Carlos Lauría, candidato por EE.UU., mencionó que las tecnologías que deberían ser usadas para garantizar derechos como salud, educación, diversidad, se han convertido en herramientas de poder para las grandes plataformas tecnológicas y los gobiernos. “En Venezuela el bloqueo a redes es alto. En México se usa el software malicioso para defensores de derechos. En Colombia se utiliza para espionaje. En Brasil el hostigamiento en línea es frecuente, incluyendo al presidente Jair Bolsonaro”.
De los 10 aspirantes saldrá una lista corta de cinco finalistas. Uno será elegido por la CIDH para estar al frente de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Candidatos
Ana Cristina Ruelas (México)
Paula Ligia Martins (Brasil)
Carlos Lauría (USA)
Andrés Cañizalez (Venezuela)
Renata Ávila (Guatemala)
Damián Loreti (Argentina)
Clara Quiñones (Colombia)
Mauricio Herrera (Costa Rica)
Pedro Vaca (Colombia)
Andrea Wilson (Jamaica)
Mira nuevamente los foros públicos con las intervenciones completas. Aquí más información sobre sus posiciones respecto al derecho de información de las comunidades indígenas, frecuencias comunitarias y participación de la mujer en la opinión pública: