La pandemia ha sido el pretexto para que gobiernos latinoamericanos coarten la libertad de expresión y de prensa a través de la imposición de contenido, la censura a medios y la negativa de acceso a la información de calidad.
En eso coincidieron Frank La Rue, exrelator para la Libertad de Expresión y Opinión de la ONU; Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del Comité de Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés); y Roberto Pereira, asesor legal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú durante el foro virtual ‘La prensa después de la COVID-19’. El encuentro fue impulsado por la plataforma regional Voces del Sur (VDS) y moderado por Amada Ponce, directora de C-Libre (Honduras), una de las organizaciones miembro.
La Rue, también director de Derechos Humanos e Incidencia de Fundamedios, explicó que existe un error conceptual en los gobiernos de Latinoamérica al entender que el estado de excepción puede regular las libertades de la ciudadanía, incluidas las de expresión, de prensa y asociación. El experto aclaró que, en medio de una crisis, es cuando más información se precisa y, por lo tanto, la prensa esta respaldada.
Roberto Pereira, asesor legal de IPYS, coincidió con el exRelator. El jurista añadió que los mecanismos de acceso a la justicia en los países de América Latina deben estar activados en caso de presentarse una violación a este derecho. Por ello aclaró que, si bien en los estados de excepción hay restricciones, jamás las libertades pueden ser suspendidas.
Sin embargo, durante las últimas semanas el panorama ha sido sombrío. Algunos gobiernos de la región han impuesto normativas que restringen el periodismo o los mismos funcionarios limitan el acceso a información.
Por ejemplo, el pasado 28 de marzo en Perú se aprobó la Ley 31012 que exime de responsabilidad penal a la Policía y Fuerzas Armadas en caso de que provoquen lesiones o muerte. En Argentina y Ecuador, en el contexto de la pandemia, se vigila a ciudadanos que opinan en redes sociales; mientras que en Brasil y EE.UU., los presidentes hostigan sistemáticamente a los periodistas que exigen más información.
Natalie Southwick, representante del CPJ, cree que hay que hacer un análisis amplio de estas acciones gubernamentales para tomar acciones futuras que garanticen el rol de la prensa. También está convencida de que el periodismo, por sí solo, cambiará después de la COVID-19.
En ese contexto, la periodista plantea que desde las redacciones se analice a fondo cuál es su propósito, por qué es importante el acceso a la información, cómo los medios deben llegar a audiencias nuevas y qué contenidos les interesa. Southwick considera que una de las metas principales es romper la desigualdad informativa y llegar a las comunidades que, incluso antes de la pandemia, no tenían posibilidad de informarse.
Pereira habla de una corresponsabilidad estatal. El experto peruano asegura que es deber del Estado garantizar el derecho de todos los ciudadanos a informarse, especialmente, a través de Internet que, actualmente, es una herramienta muy potente.
En tanto, Frank La Rue, director de Derechos Humanos de Fundamedios considera que tras la pandemia se precisa fortalecer la independencia de la prensa que, antes de la crisis, ya estaba inmersa en inestabilidad económica y un desprestigio constante impulsado por gobiernos populistas.