Brasil, 7 de febrero de 2020, Abraji.
Este jueves (6 de febrero de 2020), el Tribunal Federal rechazó, «por ahora», la denuncia del Ministerio Público Federal (MPF) contra el periodista Glenn Greenwald, editor y uno de los fundadores de The Intercept Brasil. En el texto de la decisión, el juez Ricardo Augusto Leite, de la Décima Corte Federal del Distrito Federal, cita el mandato otorgado por el Ministro de la Suprema Corte Federal Gilmar Mendes, en agosto de 2019. La decisión provisional prohíbe a las autoridades públicas que responsabilicen a Greenwald de recibir, obtener o transmitir información publicada en medios de comunicación, sobre la base de la protección del secreto constitucional de la fuente periodística.
La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, que apeló al rechazo de la Justicia Federal, acoge con beneplácito la decisión de manera positiva. Pero lo considera frágil: el juez Ricardo Augusto Leite deja temporalmente al periodista libre de acciones criminales por un asunto técnico, pero, al abordar los méritos de la denuncia, claramente mantiene la criminalización de la actividad periodística.
Sin embargo, en un texto específico de su orden, el juez no apenas está de acuerdo con la queja del abogado Wellington Divino Marques de Oliveira, sino que también basa su argumento en suposiciones sobre investigaciones que nunca existieron:
«Esta asistencia moral tiene relevancia en el campo legal, ya que, de manera similar, el artículo 305 (eliminación del documento) o 349 (favor real) del Código Penal estipula la eliminación del documento y la frustración del enjuiciamiento penal, respectivamente, como delitos. Este comportamiento incluso puede inducir la orden de detención preventiva cuando se está llevando a cabo una investigación «.
Abraji reitera el llamado para que la queja sea rechazada definitivamente. Cuando Glenn Greenwald dialogó con Luiz Molição, uno de los involucrados en la piratería de aplicaciones oficiales de mensajería, no hubo ninguna investigación de la Policía Federal en curso. La PF ni siquiera encontró evidencia de que Greenwald estuviese involucrado en los crímenes.
Abraji y varias organizaciones de defensa de la libertad de prensa condenaron la queja del MPF. Para Abraji, la obra se basa en una interpretación distorsionada de las conversaciones del periodista con su fuente de entonces. Su único propósito es avergonzar al profesional y acosar al periodista, violando el derecho de los brasileños a vivir en un país con una prensa libre y capaz de exponer las desviaciones de los agentes públicos.
Abraji recuerda que, también el jueves (6 de febrero de 2020), los relatores especiales de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre libertad de expresión, David Kaye y Edison Lanza, respectivamente, enviaron una carta al gobierno brasileño manifestando preocupación por el caso.
Los expertos dicen que la medida representa una amenaza para la práctica del periodismo en Brasil. En el documento, los relatores repudian los casos contra periodistas basados en denuncias genéricas o desproporcionadas, que podrían criminalizar la circulación de información de interés público. También argumentan que este tipo de amenaza puede apalear un efecto inhibidor en las investigaciones llevadas a cabo por la prensa.