Venezuela, 26 de julio, 2019 (IPYS).- Un civil de la tercera edad calificó a la periodista Karina Peraza de Caraota Digital de ser opositora al gobierno de Nicolás Maduro por cubrir una cola de espera de jubilados por el pago de las pensiones el viernes 26 de julio.
Karina Peraza aseguró a IPYS Venezuela que el ciudadano victimario se acercó a ella mientras realizaba un video de la fila de personas de la tercera edad frente a la entidad bancaria. El ciudadano preguntó a la periodista quién le había dado permiso para grabar, a lo que Peraza respondió que el sitio era un lugar público y que se permitía la documentación como el ejercicio de su libertad de prensa.
El civil enfatizó que “los periodistas deberían ser imparciales como antes… ahora los periodistas son de oposición”, argumento al que Peraza respondió “yo soy periodista. Yo no soy de oposición, ni soy del chavismo. Estoy haciendo mi trabajo y lo hago para poder comer”.
La periodista obtuvo el apoyo de los demás ciudadanos presentes en la cola de espera, quienes solicitaron al victimario dejar laborar a Peraza porque aseguraron que son los periodistas quienes difunden las denuncias sobre las condiciones de vida que atraviesan las personas de la tercera edad en el estado Lara.
Días después, el miércoles 29 de julio, las periodistas Andreína Ramos de Venezolanos Por la Información TV (VPI Tv) y Yelitza Figueroa, periodista independiente, fueron objeto de registros gráficos, en foto y video, ejecutados por presuntos funcionarios de la Milicia Nacional Bolivariana durante la cobertura periodística de una asamblea frente a la sede de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ubicada en la entidad larense.
#AlertaSNTP | Las reporteras Yelitza Figueroa (independiente) y Andreina Ramos, corresponsal de @VPITV en #Lara, fueron grabadas y fotografiadas por milicianos cuando cubrían una asamblea en el edificio Central de Corpoelec de la entidad
El hecho ocurrió la mañana de este #29Jul pic.twitter.com/LEqsZ5cAps— SNTP (@sntpvenezuela) July 31, 2019
Según los datos del equipo de monitoreo de esta organización, este hecho representó el tercer impedimento a los trabajadores de la prensa o a medios de comunicación en el estado en el transcurso de los 31 días del mes de julio. Este incidente también significó la segunda limitación física de acceso al lugar y al derecho de preguntar de los periodistas en contra de Ramos y Figueroa, luego de que el 22 de julio resultaran afectadas por la medida arbitraria del personal de seguridad de las instalaciones de la Caja de Ahorro de Corpoelec al retirar a los medios de comunicación del recinto público.
IPYS Venezuela recuerda al Estado venezolano que en el cumplimiento de sus funciones como protectores y garantes de los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, es imperativo sancionar a los funcionarios públicos que impidan el adecuado desarrollo de los periodistas y medios de comunicación social en la búsqueda de las informaciones con notoriedad para el interés público.