Venezuela, 20 de junio, 2019 (IPYS).- Sujetos afines al oficialismo intimidaron a los trabajadores de la prensa que cubrían la protesta de los ex trabajadores petroleros en las adyacencias de la Cancillería General de la República el jueves 20 de junio.
Esta organización registró una segunda agresión en contra del reportero gráfico Fernando Llano de AP noticias en esa cobertura informativa. Fuentes de IPYS aseguraron que Llano fue intimidado por el mismo sujeto que lo golpeó con un casco el día martes 11 de junio, pero en esta ocasión hubo intento de agresión física y amenazas de muerte por cumplir con sus labores informativas.
Pero las intimidaciones continuaron. El equipo de prensa de Crónica.uno, conformado por Carmen Inojosa y Luis Morillo, debió retirarse del lugar luego de ser víctimas de las intimidaciones ejecutadas por simpatizantes oficialistas en contra de los trabajadores de la prensa. Esta limitación de cobertura también implicó las agresiones físicas en contra del reportero de Venezolanos Por la información (VPI TV), Gregory Jaimes, y al reportero Juan Peraza, según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
#AlertaSNTP | Colectivos amedrentan a periodistas que cubren protesta de extrabajadores petroleros en la Av. Urdaneta.
Fueron golpeados Gregory Jaimes y Juan Peraza. A Carmen Inojosa y Luis Morillo, de @CronicaUno, los sacaron del lugar y al motorizado lo agredieron #20Jun— SNTP (@sntpvenezuela) June 20, 2019
#AHORA Colectivos Acaban de golpearme luego de grabar agresión al fotógrafo Juan Peraza de @la_patilla . Me obligaron borrar el material todo en presencia de la PNB y GN. Estabamos tratando de grabar la protesta de ex trabajadores petroleros en la av Urdaneta.
— Gregory Jaimes (@GregJaimes) June 20, 2019
IPYS Venezuela rechaza que ciudadanos venezolanos afectos al oficialismo ejecuten agresiones e intimidaciones graves, como amenazas de muerte, contra los trabajadores de la prensa por cumplir con sus responsabilidades informativas. Impedir el acceso a las informaciones de interés público representa una vulneración grave al derecho a la libertad de prensa y de expresión en Venezuela, además de restringir el derecho de la ciudadanía venezolana a recibir información oportuna, veraz e imparcial, según lo dicta la Constitución de la República.