Venezuela, 27 de mayo, 2019 (IPYS).- Desde el domingo 26 de mayo el portal informativo Runrun.es fue víctima de ataques cibernéticos que dejaron a la página fuera de servicio y limitaron el acceso de los ciudadanos a los contenidos del medio de comunicación. Así lo informó a Ipys Venezuela su editor en jefe Nelson Eduardo Bocaranda.
RUNRUNEROS:Buenos días. Persisten los problemas con nuestros servidores. Estamos revisando pues tenemos 29 millones de peticiones a la página lo que muy probablemente sea un ataque.Sígannos por Telegram https://t.co/6qAqLdfmWY
— Nelson Bocaranda S. (@nelsonbocaranda) May 27, 2019
El equipo técnico de Runrun.es pudo confirmar que la restricción consistió en un ataque de denegación de servicios (DDoS), el cual se lleva a cabo generando múltiples peticiones al servidor de base de datos y de caché de la página, lo que ocasionó el colapso de la plataforma y la caída del portal. Justamente, la ciberagresión ocurrió después de que el medio publicara un reportaje de investigación sobre la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES – PNB), en Caracas.
Bocaranda también dio a conocer que el ataque proviene de Rusia. De acuerdo con los datos de IPYS Venezuela, desde 2018 el portal de Runtun.es se ha visto afectado por este tipo de medidas de censura, las cuales también coincidieron con publicaciones de trabajos especiales que abordan temas de interés político y social para la sociedad venezolana y la comunidad internacional.
Esta organización insiste en que cualquier tipo de restricciones de contenidos, servicios, usuarios o dispositivos en la web violan los principios de acceso, pluralidad y neutralidad de la red establecidos por la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión consagrados en el artículo 13 de la Convención Americana.
Desde IPYS Venezuela rechazamos este tipo de ataques anónimos y selectivos que afectan los derechos digitales. Exhortamos al cumplimiento de lo establecido en el informe de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión en Internet, que estipula que los Estados están obligados a investigar estas agresiones informáticas y reparar los daños de forma adecuada.