Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Comisión Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas) detuvieron arbitrariamente a periodistas y borraron material informativo durante cobertura de alzamiento militar en el Comando Nº 43 de la Guardia Nacional, ubicado en Cotiza del municipio Libertador de Caracas el 21 de enero.
El Conas detuvo al reportero gráfico Joan Camargo, de Caraota Digital, mientras cubría las protestas ejecutadas por los vecinos de Cotiza posteriores a la detención de 27 militares sublevados desde horas de la madrugada. Los funcionarios despojaron a Camargo de sus equipos de trabajo para revisarlos y borrar el material que había recopilado hasta el momento de la detención.
Los efectivos de la GNB también detuvieron a los periodistas de NTN24 y de la agencia de noticias EFE, Miguel Martínez, para exigirles que borraran la información registrada en la protesta de vecinos.
En el caso de Martínez, la GNB le quitó dos tarjetas de memoria con fotografías del acontecimiento. A pesar que el reportero gráfico insistió durante una hora para que el cuerpo de seguridad estatal le devolviera sus equipos de trabajo, no devolvieron los dispositivos de almacenamiento y amenazaron al reportero, obligándolo a abandonar el lugar.
El periodista de Unión Radio, Luis Carlos Parada, fue herido en la pierna por un perdigón disparado por la GNB para disipar la manifestación de vecinos. Igualmente sucedió con el camarógrafo José Luis Ochoa de Venezolanos Por la Información TV (VPI TV), quien fue herido en la cabeza por una piedra durante cobertura de protesta en Los Mecedores.
IPYS Venezuela exige el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución para que los periodistas y los medios de comunicación social puedan trabajar efectivamente con el fin ofrecer a la ciudadanía venezolana información equilibrada, oportuna y verídica sobre los asuntos de interés público para la nación. Igualmente, esta institución rechaza el robo y los ataques a las herramientas de trabajo de los periodistas como medida de los cuerpos de seguridad del Estado para cercenar la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información de los venezolanos.