Venezuela, 4 de febrero 2019 | @IPYSvenezuela |Germán Dam, periodista del estado Bolívar, denunció el lunes 4 de febrero a través de su cuenta de Twitter que una orden de captura en su contra lo obligó a migrar de manera forzosa de Venezuela.
En conversación con IPYS Venezuela, Dam explicó que planeaban denunciarlo por “violencia de género y escarnio público” luego de publicar un tuit con las identificaciones de las juezas que procesan los casos de los detenidos durante las protestas ocurridas en el estado Bolívar desde el 23 de enero.
El periodista publicó en su cuenta personal (@GEDV86) los nombres y las fotos de las juezas que vulneran el derecho al debido proceso contemplado en la Constitución de la República, al impedir que los detenidos durante las protestas en Ciudad Bolívar y Upata reciban defensa privada o asistencia de Organizaciones No Gubernamentales.
Dam aseguró que aún no se emite orden oficial de captura en su contra, pero según sus fuentes extraoficiales ya existe una.
Esta no es la primera vez que un periodista se ve obligado al exilio por amenaza de acciones judiciales. En enero de 2018 los periodistas Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Ewald Scharfenberg y Alfredo Meza, reporteros y editores del portal de periodismo de investigación Armando.info, también se vieron forzados a salir de Venezuela para garantizar sus libertades cuando una demanda penal por Difamación Agravada Continuada e Injuria Agravada, fue interpuesta por el empresario colombiano, Alex Saab, tras la publicación de dos reportajes relacionados con el negocio detrás del plan estatal Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que distribuye alimentos a precios subsidiados en distintos sectores de la población venezolana.
IPYS Venezuela rechaza el inicio de acciones legales contra comunicadores sociales o periodistas por denunciar a funcionarios públicos que no cumplen con las leyes estipuladas en la Constitución y en los pactos internacionales ratificados por Venezuela para la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos.
Esta medida judicial vulnera el Principio 5 de la Declaración de Principios de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que expresa “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.