Consejo de Seguridad amenaza con aplicar Código Penal

Ene 10, 2019 | 0 Comentarios

Ecuador (Fundamedios)

El pasado 3 de enero, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) se reunió en Sesión Ordinaria en Quito y aprobó el acta No. 22. En dicho documento se resuelve desclasificar información reservada relacionada con la intervención del Presidente de la República en la sesión del Nro. 20 del Consejo, del 17 de abril de 2018; y condenar cualquier tipo de filtración o difusión de información considerada como clasificada. Esto, tras la publicación de un audio en el medio digital La Posta el 19 de diciembre de 2018, en que Lenín Moreno se refiere a la crisis en la frontera entre Ecuador y Colombia, luego de que el equipo periodístico de Diario El Comercio fuera secuestrado, el pasado 26 de marzo.

El artículo 233 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que “cuando se trate de información reservada, cuya revelación pueda comprometer gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor público encargado de la custodia o utilización legítima de la información, que sin la autorización correspondiente revele dicha información, será sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años y la inhabilitación para ejercer un cargo o función pública por seis meses, siempre que no se configure otra infracción de mayor gravedad”.

Sin embargo, una de las resoluciones del Consejo determina “condenar cualquier tipo de filtración o difusión de información considerada como clasificada, pues es una violación a la norma expresa y, por lo tanto, una infracción penal que atenta contra la Seguridad del Estado”. También exhorta a la Fiscalía General del Estado agilidad en la investigación, con el propósito de determinar quién o quiénes son los responsables de “este hurto y ‘filtración’ de información clasificada como secreta”.

Es importante recalcar que el COSEPE o el Gobierno nacional no tienen facultad de determinar responsabilidad penal alguna y que el tipo penal en mención, sanciona delitos cometidos por quienes ostentan el cargo de servidores públicos. A criterio de FUNDAMEDIOS condenar públicamente, y de una manera tan amplia, la difusión de información constituyendo una amenaza para la libertad de expresión y para el libre ejercicio del periodismo.