Caracas, 30 de julio de 2026 (IPYS Venezuela).— A un mes de los terremotos del 24 de junio, IPYS Venezuela continúa documentando acciones que afectan la cobertura periodística y el acceso a información de interés público sobre las consecuencias de la emergencia. Los casos más recientes incluyen la retención de una periodista durante una cobertura, orientaciones oficiales dirigidas a incidir en los contenidos difundidos por los medios y la estigmatización pública de un periodista por parte de un alto funcionario.
El 15 de julio, la periodista Yandris Saldivia, de Crónica Uno, fue retenida durante aproximadamente dos horas por trabajadores de Corpocapital mientras cubría las fallas de los ascensores en Parque Central, Caracas. Según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), durante ese tiempo le impidieron continuar la cobertura, le exigieron permanecer acompañada por personal de la corporación, la fotografiaron y recopilaron sus datos personales, que posteriormente fueron difundidos en un grupo de WhatsApp.
Una semana antes, el 8 de julio, el gobernador de Monagas, Ernesto Luna, convocó a periodistas y medios de comunicación a integrarse a la Red de Apoyo “Monagas Solidaria” y promovió una estrategia comunicacional conjunta sobre los sismos. Durante el encuentro, autoridades regionales y un psicólogo propusieron suspender durante al menos 15 días la difusión de información sobre las personas afectadas y orientaron a los medios a priorizar contenidos vinculados con los objetivos de la campaña institucional. IPYS Venezuela advierte que este tipo de iniciativas puede interferir con la independencia editorial cuando desde instancias del Estado se pretende determinar qué información debe priorizarse o dejar de difundirse.
El caso más reciente ocurrió el 23 de julio, cuando el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, descalificó públicamente al periodista Carlos J. Rojas tras la publicación de un reportaje sobre los daños ocasionados por los terremotos en el edificio Patria y Trabajo OPP20. Cabello calificó el trabajo como “fake news”, acusó al periodista de mentir y manipular información y exhortó al SNTP a abrirle un “procedimiento”. Estas declaraciones constituyen un acto de estigmatización que busca desacreditar la labor del periodista y puede generar un efecto inhibitorio sobre la investigación y difusión de asuntos relacionados con la emergencia.
Estos hechos se suman a las restricciones documentadas por IPYS Venezuela desde el 25 de junio, entre ellas impedimentos de cobertura, limitaciones de acceso y movilidad, amenazas, hostigamientos, retenciones y medidas dirigidas a privilegiar la información proveniente de fuentes oficiales. Los incidentes han involucrado a cuerpos de seguridad, empresas e instituciones públicas, oficinas gubernamentales y altos funcionarios.
IPYS Venezuela recuerda que una emergencia de esta magnitud requiere mayor acceso a información independiente, verificable y oportuna. Las autoridades tienen la obligación de facilitar el trabajo de la prensa y garantizar el acceso ciudadano a información de interés público, no de condicionar los criterios editoriales, obstaculizar la documentación independiente o estigmatizar a quienes investigan y reportan sobre las consecuencias de la tragedia.
Las restricciones, presiones y discursos estigmatizantes documentados durante el primer mes posterior a los terremotos reducen las posibilidades de verificar de manera independiente la actuación del Estado y conocer la situación de las comunidades afectadas. Garantizar una cobertura libre y plural es indispensable tanto para el ejercicio de la libertad de prensa como para que la ciudadanía pueda conocer la magnitud de los daños, las necesidades existentes y la respuesta de las autoridades.