Asunción, 5 de marzo de 2026 (IDEA).— La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) instauró un régimen de «bozal administrativo» mediante la Circular SGP N.° 03/2026, firmada por el secretario general Mario Cáceres. La medida prohíbe a técnicos y funcionarios hablar con la prensa o difundir documentos sin autorización.
«El documento es claro en sus restricciones. La circular impide que cualquier trabajador brinde declaraciones sin autorización previa, instalando efectivamente un estado de vigilancia interna. La normativa no solo bloquea el flujo de datos, sino que amedrenta a los técnicos y administrativos bajo amenaza de sanciones disciplinarias. Por lo tanto, el acceso a la verdad sobre la gestión energética y financiera de la binacional queda ahora supeditado al filtro político de la alta gerencia», señala el medio paraguayo Resumen de Noticias (RDN).
Trabajadores de la EBY—organismo conjunto entre Paraguay y Argentina que se encarga de administrar y operar la central hidroeléctrica Yacyretá— describieron a la prensa, bajo condición de anonimato, un clima de temor a represalias. Gremios y voces internas calificaron la medida como una oficialización de la censura y un mecanismo de blindaje informativo en una entidad cuestionada por sobresueldos y opacidad en el manejo de fondos públicos.
El medio ABC de Paraguay asegura que, luego de que se publicara la llamada «ley del silencio», el entorno laboral dentro de la institución es de miedo y autocensura. «Funcionarios y técnicos de carrera —incluso jubilados— que años atrás compartían datos sobre la generación de energía con naturalidad, hoy se ocultan de la prensa», precisa la nota.
De acuerdo con información interna de la EBY, Mario Cáceres habría firmado el documento con el apoyo de la jefa de prensa de la entidad pública binacional, Nancy Espínola, quien ingresó en 2018. «La jefa de prensa es señalada, junto a Eduardo Bado (director de Comunicación, con G. 37.199.826 de salario —más de 6.200 dólares americanos— y ahijado político del vicepresidente Pedro Alliana) como los ideólogos de este cerco», señala ABC.
Retroceso en libertades informativas y acceso a la información
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) expresó su rechazo contundente a la «ley del silencio» impuesta en la EBY. Santiago Ortiz, secretario general del SPP, dijo que la medida constituye un retroceso frente a los estándares internacionales de acceso a la información pública. «Ortiz enfatizó que la creación de barreras para datos no confidenciales constituye una grave irregularidad administrativa. El acceso a la información no es un privilegio de los funcionarios, sino un derecho fundamental del ciudadano. Por lo tanto, cualquier intento de supresión de este derecho debe ser considerado un ataque directo al sistema democrático», señala RDN.
En Paraguay, el acceso a información de interés público está consagrado como derecho en la Ley N.° 5282/14 y en el artículo 28 de la Constitución Nacional. Esta medida también es contraria a la Ley N.º 7389/2024, que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.