La Habana, 20 de mayo de 2026 (ICLEP).— El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó 179 agresiones contra la libertad de expresión y de prensa en Cuba durante el mes de abril de 2026, confirmando la persistencia de un escenario represivo estructural que no cede, sino que se transforma y diversifica.
Las cifras representan una reducción del 6,3 % con respecto a marzo de 2026, pero un incremento del 46,7 % en comparación con abril de 2025, lo que evidencia que el agravamiento represivo no responde a ciclos coyunturales, sino a una tendencia sostenida de endurecimiento del control estatal sobre el discurso público.
Datos generales De las 179 agresiones registradas:
153 correspondieron a violaciones a la libertad de expresión (85,5 %) 26 a la libertad de prensa (14,5 %) El informe confirma que la represión no retrocede: se recompone hacia mecanismos de hostigamiento sostenido, control digital y presión psicológica, desplazando progresivamente el arresto masivo como recurso principal.
Hostigamiento psicológico: principal mecanismo represivo
El indicador más significativo del mes fue el de ataques, amenazas y agresiones psicológicas, con 87 casos (48,6 % del total), lo que representa un incremento del 148,6 % en comparación con abril de 2025.
Este dato confirma que la coerción sostenida —citaciones intimidatorias, vigilancia ostensible, presión sobre el entorno familiar y mítines de repudio— se ha consolidado como el principal instrumento de desgaste y censura indirecta contra periodistas, activistas y ciudadanos críticos.
Indicadores del ICLEP:
87 ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas 30 usos abusivos del poder estatal 27 restricciones en el espacio digital 22 detenciones arbitrarias 9 agresiones físicas 4 casos de reclusión
El espacio digital, nuevo frente represivo estructural
Las restricciones en el espacio digital experimentaron el crecimiento más dramático del periodo: de 2 casos en abril de 2025 a 27 en abril de 2026, un incremento del 1.250 % interanual. Por primera vez en los registros del Observatorio, el entorno digital aparece como el segundo territorio con más casos documentados, con 13 registros, superando a provincias enteras del país.
ETECSA, el monopolio estatal de telecomunicaciones, fue identificada como perpetradora en 16 hechos del mes, confirmando que la infraestructura de comunicaciones del Estado opera, de forma coordinada con la Seguridad del Estado, como instrumento activo de censura.
Concentración territorial de la represión La Habana concentró 95 violaciones (53,1 %), consolidándose como el principal epicentro de la represión. Le siguieron el entorno digital (13), Pinar del Río (12), Holguín (11) y Cienfuegos (10).
El informe advierte que la ausencia de registros en determinadas provincias no implica ausencia de represión, sino zonas de silencio derivadas de mayores restricciones informativas, autocensura y dificultades de monitoreo.
Principales perpetradores La Seguridad del Estado participó en 91 hechos (71,1 %) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en 38 (29,7 %), confirmando el carácter estructural e institucional de la represión.
También se documentó participación de ETECSA (16 hechos, 12,5 %), el sistema penitenciario (12 hechos, 9,4 %), el sistema judicial —Fiscalía, Tribunal Supremo y Tribunal Municipal de Camagüey— y el Departamento Técnico de Investigación, lo que evidencia una actuación coordinada del aparato estatal en la que convergen seguridad, justicia, administración y control comunicacional.
Perfil de las víctimas
Las víctimas identificadas incluyen:
22 activistas 20 ciudadanos 14 presos políticos 12 periodistas 5 opositores 4 expresos políticos 4 creadores de contenido 1 medio de prensa 1 perfil de redes sociales
En cuanto al género, el 69,1 % de las víctimas identificadas fueron hombres y el 30,9 % mujeres. Entre las mujeres con mayor reiteración de afectaciones destacan Berta Soler Fernández (7 agresiones), Yamilka Lafita Cancio (6) y Anna Sofía Benítez Silvente (5), lo que revela un patrón de hostigamiento sostenido y dirigido sobre figuras específicas.
Represión vicaria y patrón reactivo
Durante abril se documentaron 25 registros de represión vicaria —castigo deliberado al entorno familiar de activistas, periodistas y creadores de contenido—, consolidándose como una de las herramientas más extendidas del aparato represivo. El Estado no solo castiga a quien denuncia o protesta: castiga también a quienes lo rodean, ampliando el radio del miedo para forzar la autocensura.
El informe también identifica operativos represivos vinculados a fechas simbólicas para el régimen, con 11 casos asociados a la proximidad del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, confirmando que las efemérides oficiales continúan funcionando como ventanas de represión reforzada y preventiva.
El informe destaca casos emblemáticos como la detención violenta del periodista independiente Ángel Cuza el 30 de abril frente a su hija menor de edad, la confiscación de equipos al periodista estadounidense Nick Shirley durante su visita documentaria a Cuba, y la evaluación psiquiátrica forzada contra el ciudadano Javier Ernesto Martín «Spiderman» tras semanas de protesta pacífica desde su balcón, que ilustran la disposición del régimen a usar todos los recursos del Estado —incluido el sistema de salud— para silenciar y desacreditar la disidencia.
Derechos conexos vulnerados Además de la libertad de expresión y de prensa, se vulneraron de manera reiterada:
La dignidad humana (91 menciones) El derecho a la seguridad jurídica (29 menciones) El derecho a la participación política y a la vida pública (27 menciones) El derecho a la protección contra la detención arbitraria (25 menciones)
Tendencias para los próximos meses El análisis del ICLEP identifica una tendencia de agravamiento y reconfiguración del patrón represivo, caracterizada por:
Mayor uso del hostigamiento psicológico sostenido como herramienta central de control. Expansión acelerada del control sobre el entorno digital, con ETECSA como instrumento operativo del aparato represivo. Represión vicaria como estrategia consolidada para ampliar el impacto disuasivo del castigo. Concentración de la represión sobre activistas y figuras públicas identificadas como prioritarias por el Estado. Represión preventiva en fechas políticamente sensibles, con mayo de 2026 como período de riesgo elevado.
Conclusión Los hechos documentados confirman que la represión contra la libertad de expresión y de prensa en Cuba no solo persiste, sino que ha profundizado sus mecanismos y ampliado su alcance. Abril de 2026 cierra con una represión más sofisticada, más capilar y más institucionalizada, donde la palabra crítica, la documentación ciudadana, el periodismo independiente y la simple expresión del descontento se han convertido en actividades de alto riesgo.
Ante este escenario, el ICLEP reafirma su compromiso con la documentación rigurosa, la denuncia nacional e internacional y el acompañamiento a las víctimas, como herramientas fundamentales para visibilizar un patrón represivo estructural que continúa negando derechos esenciales al pueblo cubano.
Invitamos a los lectores a acompañar nuestra labor de monitoreo y defensa de los derechos fundamentales y a consultar el informe completo, AQUÍ.