La periodista de la Red privada de televisión ATB, María Ulo, denunció que la jueza Claudia Castro la retuvo en su juzgado contra su voluntad durante 40 minutos, el 26 de octubre, e intentó obligarla a borrarlas imágenes que captó con su celular, mientras personal del despacho judicial y policías la rodeaban para intimidarla.
La periodista acudió a la oficina de la jueza para conocer las razones que impiden la firma de un mandamiento de libertad en favor de la exgerente del Banco Unión, Marihela Valdez, que permanece detenida en una cárcel pública tras denunciar un desfalco en la entidad bancaria de 37,6 millones de bolivianos, equivalente a unos 5,4 millones de dólares, aproximadamente.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia(ANP) alertó que las amenazas y la coacción contra una persona están comprendidas entre los delitos del Código Penal.
La organización que representa a medios impresos y una agencia de noticias rechazó la acción de una autoridad judicial que vulnera el derecho del acceso a la información de interés público, y la libertad de prensa.
Ulo declaró que la juez invitó a la periodista a visitar su despacho, y posteriormente la increpó porque la periodista registró con su teléfono móvil el diálogo con la autoridad judicial. «Llamó a un policía y querían borrar mi material, luego dicen que me tenían que llevar a la FELCC (Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen) para que entregue mi celular y borre».
La periodista afirmó que se sintió intimidada y amedrentada por la presencia de los asistentes de la juez y policías que le decían que no debió grabar. Declaró que se asustó ante la situación. La juez “me acusó que ingresé por la fuerza a su despacho, cuando ella me invitó”.
Según el artículo 293 del Código Penal, las amenazas graves, la acción de alarmar o amedrentar a una persona, tiene una sanción de prestación de trabajo de un mes a un año, y multa hasta de 60 días.
La coacción está comprendida en el artículo 294 del Código Penal y señala que “El que con violencia o amenazas graves obligare a otro a hacer, no hacer o tolerar algo a que no está obligado, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años”.
La Red ATB, a través de su programa de noticias de mediodía, hizo una invitación pública a la juez Claudia Castro a visitar dicho medio de comunicación para dar su versión sobre lo acontecido.
Según el medio de información, la juez Castro negó a la red ATB haber retenido a la periodista y no aceptó conceder una entrevista al medio.