Managua, 29 de enero de 2026 (FLED).— El acelerado avance de leyes sobre ciberdelitos, protección de datos y ciberseguridad en Centroamérica está redefiniendo el entorno digital de la región, pero no siempre en favor de la democracia. Así lo advierte el más reciente informe regional sobre Derechos Digitales y Ciberdelincuencia, elaborado por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), que documenta marcos normativos desiguales y riesgos crecientes para la libertad de expresión, la privacidad y el acceso a la información.
El informe analiza la situación en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y concluye que, aunque algunos países han fortalecido su legislación digital con estándares internacionales, otros han adoptado normas ambiguas o regresivas que facilitan la vigilancia estatal, la censura y la criminalización de la expresión en línea.
«Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos en el entorno digital. Cuando las leyes se aprueban sin salvaguardas democráticas ni controles judiciales efectivos, se convierten en mecanismos de control antes que de protección», señala el informe.
Según el análisis, la región evidencia tres tendencias principales: países con marcos relativamente sólidos de protección de datos; Estados con vacíos normativos significativos; y contextos donde la regulación digital se ha utilizado de forma restrictiva, concentrando amplias facultades en el Poder Ejecutivo. En estos últimos casos, las leyes digitales han servido para justificar prácticas de vigilancia intrusiva y la eliminación de contenidos críticos.
El informe advierte que conceptos legítimos como la ciberseguridad, la lucha contra el cibercrimen o el derecho al olvido están siendo utilizados de manera expansiva, sin criterios claros ni mecanismos de rendición de cuentas.
«La combinación de tipos penales vagos, autoridades administrativas con amplias facultades y falta de independencia judicial incrementa el riesgo de censura, autocensura y persecución de voces críticas», subraya el documento.
FLED también documenta el impacto directo de estas políticas en periodistas, defensoras de derechos humanos, activistas y personas usuarias de redes sociales, quienes enfrentan procesos judiciales, acoso digital y vigilancia sin garantías adecuadas. El informe destaca que la violencia digital afecta de forma desproporcionada a mujeres y comunicadoras, con consecuencias que trascienden el ámbito virtual y deterioran el debate público.
«La seguridad digital no puede construirse a costa de la libertad de expresión ni de la privacidad. Sin legalidad, proporcionalidad y supervisión independiente, cualquier política tecnológica termina debilitando la democracia», advierte FLED.
El informe concluye con una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados centroamericanos, organismos internacionales, sector privado y periodistas, orientadas a armonizar la legislación regional con los estándares internacionales de derechos humanos, fortalecer los contrapesos institucionales y garantizar que el entorno digital siga siendo un espacio para la participación ciudadana, la crítica y la rendición de cuentas.
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