Latinoamérica.— La subasta de frecuencias impulsada por el actual gobierno y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) no fortalece el ecosistema mediático costarricense: lo debilita. Así lo señala un comunicado de la Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), organización socia de la Red Voces del Sur en Costa Rica.
Al imponer requisitos económicos y técnicos que solo pueden cumplir los grandes operadores, el proceso amenaza con expulsar del espectro a medios pequeños, comunitarios y regionales, pilares esenciales del pluralismo democrático.
Los precios base para concursar —desde ₡4,8 millones para radio AM análogo hasta ₡800 millones para televisión digital nacional abierta; es decir, entre USD 9.600 y USD 1,6 millones— se combinan con exigencias técnicas desproporcionadas y poco realistas para la realidad del país. El resultado es excluyente: emisoras locales, culturales, religiosas y comunitarias quedan fuera antes siquiera de participar.
Medios como Radio HIT, Radio Musical, Onda Brava, Radio Santa Clara o TV Sur han denunciado públicamente que no pueden competir bajo estas condiciones, recurriendo a acciones legales o trasladando sus contenidos únicamente a plataformas digitales, una alternativa que no garantiza acceso en zonas rurales donde la conectividad sigue siendo limitada.
Esta no es solo una barrera económica; es una restricción a derechos fundamentales. Cuando las comunidades pierden sus radios y televisoras locales, pierden espacios de identidad, expresión cultural y vigilancia del poder. Se empobrece el debate público y se concentra la oferta informativa en manos de actores con mayor músculo financiero, reduciendo la diversidad de voces indispensables para la democracia.
La defensa del pluralismo informativo no es solo una exigencia legal, sino un deber ético que debe marcar el rumbo de las políticas públicas en materia de telecomunicaciones. Costa Rica merece más voces, no menos.
Magistrado suspende tres licitaciones abiertas por Sutel
Este miércoles 26 de noviembre, el magistrado Paul Rueda, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ordenó la suspensión inmediata de tres licitaciones abiertas por la Sutel. Esta medida cautelar ocurre mientras se resuelve un recurso de amparo planteado contra el proceso de subastas de frecuencias.
De acuerdo con Raul Silesky Jiménez, presidente del IPLEX, esta medida cautelar muestra el evidente fracaso de ese proceso licitatorio con el número de ofertas recibidas (20 para FM, 1 para AM y 4 para televisión). «Se impuso montos base y requisitos técnicos tan irracionales, tan fuera de la realidad nacional, que más de 60 emisoras quedaron fuera del proceso solo en radio», aseguró Silesky.
Según información recogida por el IPLEX, hubo ofertas para apenas 25 de al menos 85 bandas disponibles. «Eso reduce al menos dos tercios de la oferta actual disponible y eso justifica la intervención cautelar. El riesgo es simple y profundo: si la pluralidad retrocede, la democracia también lo hace, por ello esta medida cautelar es una luz que aplaudimos mientras se analiza integralmente la situación», señaló el presidente de la organización.
El proceso de subastas de frecuencias impulsado por la Sutel no garantiza el cumplimiento de los principios internacionales sobre libertad de expresión: el Estado debe asegurar condiciones equitativas para que convivan medios públicos, privados y comunitarios, sin discriminación ni exclusión.
Sin embargo, ese proceso privilegia la lógica del mercado y la concentración mediática, dejando a miles de costarricenses sin voz y a la democracia costarricense con menos músculo para debatir, vigilar y corregirse.
Tanto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado reiteradamente que la asignación de frecuencias debe ser justa, transparente y no discriminatoria. Debe garantizarse la presencia de medios públicos, privados y comunitarios.
«Nos alegra que Costa Rica todavía tenga una institucionalidad sólida y consideramos que esta pausa es necesaria para analizar y hacer los cambios que se requieren», apuntó Silesky.
«Costa Rica, el país que por décadas presumió libertad de expresión y diversidad informativa, está caminando hacia un escenario donde pocas voces dominarían el debate público y muchos quedarán en silencio por lo que aplaudimos esta disposición emitida desde la Sala Constitucional», agregó.
Contexto
La noche del viernes 20 de noviembre, a las 11:59 p. m. de Costa Rica, cerró la subasta del espectro radioeléctrico organizada por la Sutel, que había comenzado el 25 de septiembre de 2025. Como señala el comunicado de IPLEX, esta acción afecta directamente el derecho de acceso a la información en comunidades rurales y urbanas donde no existe conexión a Internet o servicio de televisión paga.
De acuerdo con información publicada por La Nación de Costa Rica, la Encuesta Nacional de Hogares (EnaHo) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señala que 59,3% de los hogares rurales no paga el servicio de televisión por cable, mientras que 30,6% de los hogares urbanos tampoco lo hace.
Para octubre de 2023, Amarilis Barrantes, directora de TVN Canal 14, ya advertía que el eventual cierre perjudicaría a las personas con menos recursos para pagar servicios privados.
El procedimiento de la Sutel fue señalado por la Cámara Nacional de Radio difusión (Canara) y otros sectores como una contradicción a los mejores principios y prácticas internacionales. Canara reveló que, aunque 58 de sus afiliados decidieron participar en el proceso, al menos 25 grupos de emisoras quedaron excluidos, incluyendo aquellas de carácter cultural, social o sin fines de lucro.