Caracas, 28 de julio (IPYS Venezuela)-. Durante la jornada de elecciones municipales celebradas el domingo 27 de julio de 2025 en Venezuela, al menos diez incidentes contra la libertad de prensa fueron documentados. Los hechos, confirmados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), ocurrieron en los estados Aragua, Bolívar, Cojedes, Lara, Nueva Esparta y Zulia, y afectaron directamente a periodistas debidamente acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para cubrir el proceso.
En el estado Bolívar, los periodistas Félix Requena, del portal LosTubazos.com y del medio Qué Pasa en Venezuela, junto a Edwin Rosal, reportero del diario Correo del Caroní, fueron impedidos de realizar su trabajo periodístico cuando cubrían el acto de votación de un candidato en el Colegio Nazareth de Puerto Ordaz. Funcionarios electorales y efectivos del Plan República no les permitieron registrar imágenes del momento, alegando que solo estaba permitido fotografiar a alcaldes y gobernadores, y no a candidatos. Además, los comunicadores denunciaron que fueron grabados y fotografiados sin su consentimiento por uno de los funcionarios, y que este los acusó de estar “saboteando el proceso electoral”.
Situaciones similares se registraron en otros estados. En Cojedes, a la periodista Pilar Guerra, corresponsal de Qué Pasa en Venezuela y reportera del medio digital Mango Noticias, le fue negado el acceso al centro de votación Liceo Creación Limoncito, en San Carlos. Aunque presentó su acreditación oficial del CNE, un funcionario del Plan República le pidió su cédula de identidad bajo el pretexto de verificar la validez de su credencial y aún así no la dejó ingresar. Esta medida fue aplicada de forma arbitraria, ya que no se solicitó el mismo requisito en otros centros del estado, y terminó constituyendo una restricción injustificada a su derecho a informar.
El estado Lara concentró dos incidentes. En el Gimnasio Los Horcones de Barquisimeto, donde votó el candidato a la alcaldía de Iribarren, Henri Falcón, los efectivos del Plan República permitieron el ingreso controlado únicamente a camarógrafos y reporteros gráficos, quienes debían entrar, tomar imágenes y salir de inmediato. El resto de los periodistas fue obligado a permanecer fuera del recinto, sin posibilidad de documentar declaraciones o registrar el ambiente del proceso.
Más tarde, en otro punto de la ciudad, el equipo periodístico del diario El Impulso fue forzado por un comandante de la Guardia Nacional Bolivariana a borrar el material fotográfico captado en el Colegio La Salle, pese a que contaban con la autorización de la coordinadora del centro.
En los estados Aragua y Zulia también se reportaron limitaciones al ingreso de periodistas acreditados. En la Escuela Básica Nacional Santa Rita, en el municipio Francisco Linares Alcántara de Aragua, comunicadores sociales debidamente acreditados fueron impedidos de cubrir el proceso electoral. Así también lo notificaron periodistas en el estado Zulia, cuya cobertura fue restringida en los centros de votación 19 de Abril y Josefina de Acosta, en el municipio San Francisco, y en el centro Luis Beltrán Ramos, en Maracaibo.
En el estado Nueva Esparta, un reportero acudió al centro de votación Colegio Madre Guadalupe, ubicado en el municipio Maneiro, con la intención de grabar una nota de cierre de la jornada electoral. Mientras se preparaba para realizar algunas tomas en la vía pública, un efectivo militar encargado de la custodia del centro le indicó que no podía grabar sin autorización y le tomó fotografías a su cédula de identidad y a su acreditación del CNE, alegando que debía “pedir permiso” a su superior.
Frente a lo señalado por el funcionario, el periodista decidió retirarse del lugar. En los alrededores del centro se observó una notoria presencia de patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Desde IPYS Venezuela advertimos que estas acciones no solo vulneran el derecho de los periodistas a informar, sino que afectan directamente el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y oportuna, especialmente en contextos electorales donde la transparencia y el acceso a los hechos son fundamentales para la democracia.
Hacemos un llamado al Consejo Nacional Electoral a asumir su responsabilidad en la protección del trabajo periodístico, y a las autoridades militares y civiles a respetar los marcos constitucionales que amparan la libertad de expresión y el derecho a la información. La cobertura electoral no puede seguir siendo criminalizada.