Latinoamérica, 10 de octubre de 2025-. El más reciente informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH), publicado este 9 de octubre, advierte que la vigilancia digital se ha convertido en una amenaza estructural para los derechos humanos y las libertades fundamentales en el continente.
Con el título «El impacto de la vigilancia digital en la libertad de expresión en las Américas», el documento señala que los Estados aún no tienen la voluntad política necesaria para evitar el uso de técnicas de vigilancia digital invasivas. Por el contrario, el exceso de vigilancia estatal se está normalizando cada vez más en la práctica y en la percepción pública.
En concordancia con estos hallazgos, el Informe Sombra 2024, elaborado por la Red Voces del Sur, muestra que el principal agresor de la prensa en América Latina durante el año pasado fue el Estado. Asimismo, entre las formas de violencia contra la prensa registradas por las 17 organizaciones que conforman la Red está la violencia digital, que incluye la vigilancia de redes sociales para identificar fuentes y la vigilancia de contenidos como parte de las restricciones en internet.
Así funciona el espionaje digital de los Estados, según la RELE-CIDH
Entre los hallazgos más relevantes del informe de la RELE-CIDH está el uso de tecnologías de espionaje —como el software Pegasus— por parte de Estados de la región, entre ellos México, El Salvador, Colombia y República Dominicana, para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Según el informe, esta práctica no solo vulnera el derecho a la privacidad, sino que genera un «efecto paralizante» sobre la libertad de expresión, el trabajo de la prensa y la defensa de derechos humanos.
En cuanto a México, el informe señala que «el software espía Pegasus fue presuntamente adquirido y/o utilizado por entidades estatales, entre ellas la Secretaría de Defensa Nacional, el Centro de Inteligencia Militar, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional y la Fiscalía General de la República». Al menos 25 periodistas de este país fueron víctimas del software espía Pegasus durante dos años, incluido un periodista cuyo teléfono móvil fue interceptado semanas antes de su asesinato en 2017.
En El Salvador, por su parte, una investigación confirmó que los dispositivos móviles de varias personas fueron infectados con el software espía Pegasus entre julio de 2020 y noviembre de 2021. Entre los afectados había periodistas y trabajadores de los medios El Faro, Gato Encerrado, El Diario de Hoy, Diario El Mundo, La Prensa Gráfica y Revista Disruptiva, así como periodistas independientes, columnistas, economistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil.
La RELE-CIDH notó que la infección de los dispositivos de los periodistas de El Faro se correlacionaba con la cobertura de temas sensibles, como las negociaciones del gobierno con las pandillas, lo que sugiere que el propósito de este espionaje era la identificación de fuentes y la intimidación.
Aunque en el caso de Colombia el informe no reporta el uso del espionaje digital contra periodistas ni trabajadores de la prensa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí determinó que las autoridades ejecutaron amplias operaciones de vigilancia digital contra defensores de derechos humanos y abogados. En República Dominicana sí se constató el uso del software Pegasus en tres ocasiones —entre 2020 y 2021— en el teléfono móvil de una periodista que cubría temas de corrupción e impunidad.
El informe de la RELE-CIDH muestra que el uso del software Pegasus —desarrollado por la compañía NSO Group y calificado como una tecnología de vigilancia invasiva dirigida que proporciona acceso total al dispositivo comprometido— se ha utilizado como parte de campañas adversarias más amplias para reforzar las narrativas estatales y socavar la oposición política.
Debido a que Pegasus proporciona un control total sobre el dispositivo, su uso constituye una violación de la integridad de los sistemas y la autonomía personal, al permitir a los actores estatales acceder a comunicaciones privadas, fotos familiares, información financiera y la ubicación en tiempo real de los individuos.
Entornos digitales: espacios para la vigilancia, la censura y las restricciones estatales
Mientras la RELE-CIDH advierte sobre la «normalización de la vigilancia digital» y su impacto sobre la libertad de prensa, de expresión y la defensa de derechos humanos, la Red Voces del Sur ha documentado un incremento de las restricciones en internet y la censura digital, especialmente en contextos autoritarios como Nicaragua, Cuba y Venezuela, donde los medios independientes enfrentan bloqueos informativos, persecución y exilio forzado.
De acuerdo con los hallazgos del informe de la RELE-CIDH, además del uso de software espía, otras tácticas incluyen el perfilamiento en línea, el ciberpatrullaje para reprimir la actividad crítica y el rastreo por geolocalización basado en la explotación del sistema de señalización n.º 7 (SS7).
Las recomendaciones a los Estados que da la RELE-CIDH en su informe incluyen el desarrollo de una estrategia regional en la OEA para abordar el impacto de la vigilancia digital en los derechos humanos, con el fin de revisar y actualizar los marcos legales que rigen la vigilancia y formular estándares y principios específicos para la región sobre el uso y la adquisición de tecnologías de vigilancia.
La Red Voces del Sur ha instado en diversas ocasiones a los Estados latinoamericanos a garantizar el cumplimiento de los estándares interamericanos de derechos humanos, establecer mecanismos de supervisión civil independientes sobre el uso de tecnologías de vigilancia y promover políticas públicas que aseguren entornos digitales seguros, libres y plurales, en consonancia con la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.10.