Caracas, 18 de agosto (IPYS Venezuela)-. El miércoles 7 de agosto, en horas de la mañana, funcionarios de seguridad encapuchados rodearon la sede del diario El Caroreño, en la ciudad de Carora, capital del municipio Torres del estado Lara. Antes del mediodía, los efectivos ingresaron a las instalaciones, donde mantuvieron retenidos, por al menos cuatro horas, a la secretaria y al vigilante sin sus teléfonos celulares.
El hecho ocurrió después de que dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) responsabilizaran a Javier Oropeza, alcalde opositor del municipio Torres y dueño de El Caroreño, de los daños a la sede de esta tolda política el 30 de julio, cuando fue vandalizada durante una protesta postelectoral.
Oropeza, quien además es ganadero y periodista, dijo a través de sus redes sociales que él no había incitado a la violencia, sino al contrario, había llamado personalmente al prefecto —dirigente oficialista— para pedir apoyo con fuerzas policiales, en vista de que la alcaldía de Torres no cuenta con ninguna.
En vista de que El Caroreño funciona solo en su versión digital en la web y en sus redes sociales, continúa publicando noticias. Sin embargo, sus trabajadores no han podido ingresar a la sede porque sigue tomada por militares, al igual que la finca de Oropeza, ubicada en Carora.
El alcalde, junto a su familia y parte de sus equipos de trabajo, tanto de la alcaldía como de El Caroreño, se encuentran en la clandestinidad, porque sobre ellos han recaído amenazas y allanamientos, como la detención el 8 de agosto de Endrick Medina, director general de gobierno abierto de la alcaldía de Torres.
Miembros de la cámara municipal, de mayoría oficialista, en una sesión extraordinaria del 17 de agosto juramentaron a Lasmit Verde, concejal del PSUV, como alcaldesa de Torres, quien a la fecha está al frente del ente municipal.
En Barquisimeto, el jueves 8 de agosto, funcionarios de seguridad allanaron la sede del Diario de Lara, medio de comunicación que estuvo activo hasta el año 2018 y cuya infraestructura también es propiedad de Oropeza.
La noche anterior, el 7 de agosto, miembros del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas) ingresaron a la sede de La Prensa de Lara, también en Barquisimeto, donde permanecieron hasta la mañana siguiente haciendo inspecciones y recabando presuntas pruebas, hasta que pidieron los documentos de propiedad para verificar quiénes eran los dueños. Sus directivos no quisieron declarar sobre lo ocurrido y el intento de allanamiento quedó a medias.
IPYS Venezuela rechaza estas medidas contra El Caroreño y El Diario de Lara, como represalias contra el alcalde opositor Javier Oropeza. Estas acciones limitan el trabajo de la prensa y tienen un efecto inhibitorio sobre quienes se dedican a informar.