- La red de corresponsales de IPYS Venezuela registró 32 casos que constituyen 41 violaciones a la libertad de prensa en 13 entidades del país: 27 restricciones de acceso a la información, una detención arbitraria, una deportación y 12 agresiones físicas o verbales
- En al menos 21 centros de votación, ubicados en 12 entidades del país, se negó el acceso a trabajadores de la prensa que tenían acreditación del CNE. Este tipo de violaciones se registraron también en el marco de la campaña electoral
- Los principales responsables de estas vulneraciones a la libertad de prensa fueron efectivos del Plan República, involucrados en 16 casos
- La negativa a ingresar a Venezuela a dos periodistas colombianas y la deportación de un periodista argentino se unieron al discurso estigmatizante contra la prensa extranjera
- Durante la campaña electoral fueron 51 las violaciones a la prensa. Otro patrón recurrente en este período fue el bloqueo de sitios web de portales informativos, plataformas de verificación de información y organizaciones de la sociedad civil
Caracas, 29 de julio (IPYS Venezuela)-. El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela) constató 32 casos que comprendieron 41 violaciones contra las libertades informativas durante la cobertura de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio. Estas vulneraciones ocurrieron en 13 entidades del país y los principales responsables fueron funcionarios del Plan República, involucrados en 16 casos, seguidos por coordinadores de centros electorales (5), personas no identificadas (3), funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (2), personas simpatizantes del oficialismo (2), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (1), efectivos de la Policía de Barinas (1), funcionarios de la Milicia (1) y miembros de un consejo comunal (1).
Esta organización pudo verificar que las violaciones denunciadas afectaron al menos a 26 reporteros, cinco reporteros gráficos y dos camarógrafos. Los hechos se reportaron en el Área Metropolitana de Caracas (6), Bolívar (5), Miranda (4), Trujillo (4), Nueva Esparta (3), Cojedes (2), Sucre (2), Aragua (1), Barinas (1), Mérida (1), Táchira (1), Vargas (1) y Zulia (1).
Las denuncias documentadas consistieron en 25 obstrucciones de acceso a lugares, una detención y deportación de un corresponsal extranjero, nueve amedrentamientos mediante agresiones verbales o actos intimidatorios, dos restricciones del derecho de preguntar y negativas de información por parte de funcionarios, dos destrucciones de material informativo registrado por periodistas y un hecho de acoso.
IPYS Venezuela exige a las autoridades y a los actores del escenario electoral que garanticen las condiciones necesarias para el libre ejercicio del periodismo. El acceso a una información libre y sin restricciones es fundamental para promover la transparencia y la participación ciudadana en los procesos electorales. Instamos a todos los involucrados a respetar y proteger los derechos de los periodistas y los medios de comunicación, nacionales e internacionales, quienes desempeñan un rol crucial en la consolidación de una democracia auténtica y participativa.
Periodista español fue detenido
Fuentes diplomáticas confirmaron a IPYS Venezuela que el periodista español Cake Minuesa, de OK Diario (@okdiario), fue liberado después de haber sido detenido en la madrugada de este lunes 29 de julio.
Minuesa, que estaba en Venezuela para dar cobertura periodística a las elecciones presidenciales, fue aprehendido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), aproximadamente a las 4:00 a.m., cuando se trasladaba al hotel en Caracas donde se alojó.
La intervención de las autoridades españolas derivó en un proceso de negociación con las autoridades venezolanas para su liberación y, aproximadamente a las 9:30 a.m. del 29 de julio, se acordó la deportación del periodista.
27 restricciones de acceso a la información
Funcionarios del Plan República y miembros de los centros de votación acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) impidieron el ingreso de trabajadores de la prensa en 13 entidades del país. Las 27 restricciones de acceso a la información se registraron en las siguientes entidades: el Área Metropolitana de Caracas (4), Trujillo (4), Bolívar (3), Miranda (3), Cojedes (2), Nueva Esparta (2), Sucre (2), Táchira (2), Aragua (1), Barinas (1), Mérida (1), Vargas (1) y Zulia (1).
Aproximadamente a las 8:00 a.m., al periodista Víctor Federico González, corresponsal de La Patilla y Radio Rumbo en el estado Sucre, se le negó la entrada a la Unidad Educativa Andrés Eloy Blanco en Cumaná para cubrir el proceso electoral, pese a que contaba con la acreditación del CNE. El coordinador del centro vio la credencial del periodista y le dijo que el permiso para grabar se lo tenía que dar el comandante del Plan República del plantel, quien le impidió pasar para hacer su trabajo informativo.
En Barinas, funcionarios del Plan República y policías de la comandancia general del estado también impidieron que el reportero gráfico Neptalí Querales, del medio digital La Noticia de Barinas, y el periodista Pedro Hernández, corresponsal de Venevisión y VPItv, ambos acreditados por el CNE, ingresaran a la Escuela Básica Simón Jiménez, mientras el dirigente político Freddy Superlano ejercía su voto.
La reportera Leonervis Hernández, de Diario Primicia, tampoco pudo realizar su cobertura periodística en la escuela Ciclo Básico Común Alta Vista Sur de Puerto Ordaz, estado Bolívar, debido a que los coordinadores del centro electoral le indicaron que tenían la instrucción de prohibir a la prensa tomar fotos y videos en dichas instalaciones. También en esta entidad, en la Escuela Fe y Alegría Simón Rodríguez, ubicada en Unare, coordinadores restringieron bajo el mismo argumento la cobertura del reportero Luis León, de Canal i.
Las negativas de acceso a los centros de votación también se evidenciaron en el estado Nueva Esparta, donde funcionarios del Plan República obstaculizaron el acceso a trabajadores de la prensa acreditados por el CNE. Estas dificultades se registraron en la Unidad Educativa Grupo Estado Zulia y la Unidad Educativa Colegio Arcoíris, ambas ubicadas en el municipio Mariño, en las cuales no se permitió que ningún representante de la prensa ingresara, salvo cuando acudió a votar el gobernador del estado, quien lo hizo en la primera institución.
En Cojedes, funcionarios del Plan República impidieron tomar fotografías y grabar videos a los periodistas Yoel Rivas, de Últimas Noticias; Alimar Bueno, de VTV; Héctor González, de Venevisión; Pedro Marcano de Digital Visión y Gonzalo Albano, de la Agencia Cojedeña de Investigación, todos acreditados por el CNE. La restricción ocurrió en el preescolar de San Ramón y en el Liceo 24 de Julio del Complejo Habitacional Ezequiel Zamora, ubicados en San Carlos.
En la Unidad Educativa Maracay, en el sector Las Acacias del municipio Girardot del estado Aragua, efectivos del Plan República prohibieron a los periodistas Alejandra Triana, de Venevisión, y Gerardo Navas, de Televen, acceder al centro electoral a pesar de portar acreditación. Para dejarlos pasar los condicionaron a no utilizar sus cámaras y teléfonos.
A la periodista Daniela González, del Diario La Nación, la sacaron de la Escuela Francisco de Paula Reina, en el municipio Ayacucho del estado Táchira, cuando iba a entrevistar a la coordinadora del partido Primero Justicia en la entidad andina, Karim Vera. Aunque González tenía su acreditación del CNE, la jefa del centro de votación la sacó del plantel y le dijo que solo podía entrevistar a personas del oficialismo.
En el Distrito Capital una funcionaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de apellido Lugo le pidió a la periodista Luna Perdomo, del diario TalCual, que abandonara el centro electoral ubicado en el Colegio Tomás Vicente González de Caricuao. Cuando la reportera preguntó a la funcionaria por qué debía abandonar el centro, esta le dijo: «Porque es una orden mía. Y te sales o te saco yo. Es una orden mía y aquí la que manda soy yo».
Según reporte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), las restricciones de acceso en el estado Trujillo ocurrieron en los siguientes centros de votación: Escuela Básica Eloísa Fonseca, Escuela Bolivariana Padre Blanco y Escuela Básica Barrio Nuevo, ubicados en el municipio Valera, y en el Liceo Ramón Ignacio Méndez, en el municipio Trujillo.
El SNTP también reportó que a periodistas con acreditación del CNE no se les permitió el acceso en centros electorales de Guatire y Guarenas, y de la región de los Valles del Tuy, todos en el estado Miranda. Los funcionarios del Plan República alegaron que la orden de restricción fue emanada desde el CNE.
Asimismo, la organización Espacio Público denunció que en el sector Los Chorros de Caracas, efectivos del Plan República impidieron al equipo de prensa de la líder opositora María Corina Machado ingresar al centro de votación Elena de Bueno para cubrir el momento en el que Machado votó.
12 agresiones verbales y amedrentamientos
En el Área Metropolitana de Caracas (3) y en los estados Bolívar (4) Miranda (2), Mérida (1), Nueva Esparta (1) y Vargas (1) se registraron 12 agresiones verbales y amedrentamientos contra ocho periodistas y al menos tres reporteros gráficos. En tres de estos casos, las víctimas también fueron objeto de limitaciones de acceso a la información cuando se disponían a ejercer su labor periodística.
Durante la cobertura periodística en el colegio Nazaret en la parroquia Cachamay, municipio Caroní del estado Bolívar, personas no identificadas agredieron verbalmente a la periodista Karla Ávila de Qué Pasa en Venezuela. Ávila contó que iba a tomar el testimonio de una ciudadana respecto a su opinión sobre el proceso electoral y si ya había votado, cuando una mujer se acercó en tono hostil y le dijo “ella no va a decir lo que a ti te dé la gana que diga”. La periodista explicó que solo hacía una entrevista y la desconocida continuaba alzando la voz.
Al ataque verbal se unieron otras tres personas que hostigaron a la reportera. Cuando Ávila tomó fotos para registrar la situación, un señor la insultó y la amenazó con golpearla. Tras el incidente, la reportera pudo hacer la entrevista y se retiró. Ávila también mencionó que en el centro electoral no la dejaron pasar, pese a que mostró el documento de su medio, que muestra que estaba de guardia, le dijeron que los periodistas no eran prioridad.
En el estado Miranda la periodista Isayen Herrera, corresponsal de medios internacionales, denunció en su cuenta de X que Margarita Cañas, coordinadora del centro de votación Unidad Educativa Rodríguez López, ubicado en Los Teques, intentó retrasar su ingreso a votar y luego la acosó al momento de ejercer su derecho al voto, mientras esperaba para entrar a su mesa electoral. “Luego le dijo a los testigos de mesa que me estaban grabando en todo momento”, escribió.
Herrera contó a IPYS Venezuela que el acoso que sufrió se dio al identificarse como periodista para poder ejercer su derecho al voto sin hacer cola, y así continuar con su trabajo. “Ellos sabían que era periodista. Pedí el acceso con mi credencial. Me hostigaron verbalmente por ser periodista”. El hecho ocurrió hacia las 10:00 a.m.
“Insistentemente, durante los minutos que yo estaba ahí, me decía [la coordinadora del centro de votación]: ‘¿qué hubiese pasado si tú me hubieses golpeado?’. Después me decía: ‘tú como comunicadora social estás llena de odio. El problema es que estás llena de odio. Te vas a morir joven’. Era un hostigamiento verbal para que yo respondiera”, precisó Herrera.
En Bolívar la periodista Francesca Díaz, reportera de Correo del Caroní y Radio Fe y Alegría Noticias, fue amenazada y fotografiada por una persona sin identificar cuando cubría el acto de votación del gobernador Ángel Marcano, en la Escuela Fe y Alegría Gran Sabana, ubicada en el sector Core 8. Díaz relató que al salir del centro de votación, a las 10:22 a.m., los ciudadanos que estaban en las colas comenzaron a abuchear al mandatario, quien salió en una camioneta y no dio declaraciones a la prensa.
Tras registrar la situación, Díaz procedió a hacer un reporte radial y un ciudadano no identificado se acercó y le preguntó si era “opositora o del oficialismo”, y ella le respondió que era periodista. “Él me dijo con tono agresivo: ‘entonces no puedes estar sacando eso, no está bien’”, contó Díaz, quien le respondió diciéndole que era un hecho y que tenía evidencias de que esto había ocurrido. La persona le pidió la credencial a la reportera y le dijo que le tomaría foto, porque si salía una información equivocada del gobernador, ya sabía a quién culpar. Aunque se negó a darle la credencial, le hizo fotografías a la periodista para identificarla.
En esta misma entidad, en Puerto Ordaz, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) amenazaron al periodista Rafael Ramírez, corresponsal del medio digital Noticias Todos Ahora. Según la información reseñada por dicho medio, el reportero fue intimidado por un funcionario de la GNB en un punto rojo ubicado en el sector Ciudad de los Corales, parroquia Unare, cuando cubría el retiro de una máquina de votación dañada.
Ramírez fue acusado de “instigar al odio” por parte de un militar, luego de que un integrante del punto rojo en cuestión le pidiera al efectivo de la GNB tomar medidas contra el periodista.
Al retirarse del lugar, Ramírez fue fotografiado en el taxi en el que se trasladaba, por un grupo de motorizados, tras la orden del efectivo militar. Posteriormente, el periodista fue resguardado por los vecinos de la comunidad hasta que pudo ir a un lugar seguro.
En Caracas, una persona simpatizante del oficialismo intimidó al periodista Alberto Torres, grabándolo en el centro de votación de la Unidad Educativa Pedro Fontes, en la parroquia La Vega. Según reportó Espacio Público, Torres registraba denuncias de irregularidades en ese centro cuando esta persona lo empezó a instigar.
En el Liceo Andrés Bello de Caracas, personas afectas al oficialismo también trataron de impedir que un grupo de reporteros gráficos hicieran fotografías amedrentándolos verbalmente. Uno de los afectados fue el reportero Cristian Hernández, quien cubre para la agencia internacional AP (Associated Press).
“A los testigos y los miembros de mesa opositores que estaban en la entrada, tratando de entrar, no los dejaban, y cuando ellos empezaron a reclamar, llegó un grupo que empezó a decir: ‘guarimberos’, que no quieren guardar la paz, que están saboteando el proceso. Después trataron de impedir que hiciéramos el trabajo”, precisó Hernández, quien optó por retirarse del lugar para evitar una mayor agresión. Junto con Hernández estaban al menos dos reporteros gráficos más.
También en el Distrito Capital, una miliciana obligó a la corresponsal de Crónica Uno, Yandris Saldivia, a borrar las fotos que había tomado a las afueras del centro de votación Barrio Adentro El Guamal, ubicado en el kilómetro 12 de El Junquito. Momentos después, Saldivia iba a tomar declaraciones de los electores a las afueras del centro de votación, y la miliciana le dijo: “te estoy diciendo que no vas a entrevistar ni a tomar fotos, te vas”, ante lo que la reportera tuvo que retirarse del lugar.
En Mérida dos hombres fotografiaron a Yanara Vivas, periodista de Diario de Los Andes y delegada voluntaria del SNTP en este estado, cuando cubría el proceso electoral en el centro de votación Unidad Educativa Colegio Arzobispo Silva, en el municipio Libertador. El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo 28 de julio, mientras Vivas conversaba con la encargada del Plan República en ese centro de votación para que permitieran el ingreso de la prensa, pero esta se lo negó, pese a estar acreditada por el CNE.
Funcionarios del Plan República también impidieron al periodista Roison Figuera, del diario TalCual, tomar fotos y declaraciones en el centro de votación Escuela Miguel Suniaga, ubicada en La Guaira, y le ordenaron retirarse, aunque contaba con acreditación del CNE. Los funcionarios fotografiaron a Figuera, sus credenciales de prensa y su cédula de identidad. Tras esperar por media hora, una coordinadora reafirmó que el reportero no podía cubrir dentro de la institución.
En Nueva Esparta, la periodista Beatriz Marcano, jefa de prensa de la alcaldía del municipio García, informó a IPYS Venezuela que un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) la obligó a borrar un video tomado en las afueras del centro de votación Casa Comunal Villas San Antonio.
“El Sargento Trinitario (…) me humilló amenazándome con funcionarios policiales para que borrara un video que grabé a las afueras del centro de votación de tan solo tres segundos, y que si no lo hacía me llevaba presa al cuadrante de paz (…). Nunca había sido humillada de tal manera y menos por cumplir con mi trabajo como periodista que soy”, dijo Marcano.
Restricciones Pre-Electorales
Dos días antes de los comicios presidenciales, también se registraron limitaciones al trabajo informativo vinculadas a la cobertura del proceso electoral.
El viernes 26 de julio, durante la instalación de mesas para las votaciones del domingo 28, a la periodista Albany Andara, de Efecto Cocuyo, se le impidió entrar a hacer cobertura en dos centros electorales de Caracas, a pesar de que contaba con credencial del CNE.
En la Unidad Educativa El Libertador, en Chacao, un funcionario de las FANB le impidió la entrada a Andara. El militar vio su credencial, habló por radio y le dijo que esperara. Después de unos minutos y de que la reportera volviera a preguntar si podía ingresar, el uniformado le dijo: «La coordinadora no tiene tu nombre en la lista de prensa permitida que viene hoy. Por mí te dejo pasar porque estás acreditada, pero ella dice que no te tiene en la lista».
También en Caracas, en el liceo Mariano Picón Salas de Petare, otro funcionario de las FANB impidió que Andara ingresara al centro de votación. El militar de apellido Ladera, quien se encontraba en la puerta, atendió a la periodista y llamó a un supervisor por teléfono, lo puso en altavoz y este dijo: «No dejes entrar a nadie aquí». Ladera explicó que la reportera estaba acreditada y el superior insistió: «No, no, no puede entrar». Luego de aproximadamente 20 minutos, la coordinadora del centro dio declaraciones a la periodista afuera de la institución.
En el entorno digital, el 26 de julio a través de su cuenta en X, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López calificó como «denuncias tendenciosas» los reportes hechos por los medios ReporteYa y VPItv sobre irregularidades durante el proceso de instalación de mesas. El ministro publicó capturas de pantalla de las noticias y dijo: «Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS, enrarecer el clima electoral y perturbar de manera orquestada la imagen de la FANB».
La noche del 27 de julio, las periodistas colombianas Vanessa De La Torre y Carolina Trinidad, enviadas de Caracol Radio para cubrir las elecciones presidenciales, fueron expulsadas de Venezuela. A través de su cuenta en X, De La Torre publicó un documento sellado por autoridades de Migración del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, que indica que las consideraron «inadmisibles (…) motivado a que no cumplen con el perfil migratorio para ingresar al territorio nacional”.
Asimismo, el sábado 27 de julio ocurrieron tres incidentes en espacios digitales que afectaron a dos medios de comunicación y a una enciclopedia virtual.
El diario El Impulso, del estado Lara, denunció que el 27 de julio su cuenta en Instagram amaneció suspendida. En una nota de prensa, el diario informó que Meta suspendió su cuenta después de que publicaciones regulares, como los Buenos Días, la oración de la Divina Pastora y las efemérides fueron denunciadas masivamente como spam. El medio informativo indicó que el equipo técnico se encuentra trabajando para restablecer la cuenta.
Ese mismo día, El Periodiquito, del estado Aragua, avisó a sus lectores que su cuenta en Instagram fue objeto de un intento de hackeo, por lo que no podrán seguir informando a través de ese espacio. A través de un comunicado difundido en X y en su cuenta de Instagram alterna, @elperiodiquitodigital, informaron que el equipo se encuentra trabajando para resolver la situación para recuperar el control de su cuenta principal.
Por otra parte, en horas de la tarde, el observatorio Ve sin Filtro reportó que el 27 de julio el sitio web de Wikipedia fue bloqueado por los proveedores de internet Digitel y NetUno con una restricción de tipo HTTPS.
51 violaciones a la prensa durante campaña electoral
IPYS Venezuela asimismo expresa su profunda preocupación ante las crecientes violaciones a las libertades informativas, documentadas en el marco de la reciente campaña electoral. Entre el 4 de julio y el 25 de julio, esta organización registró un total de 51 violaciones al ejercicio periodístico, lo que representa un grave atentado contra los principios democráticos y el derecho a la información.
Durante este período, las violaciones se distribuyeron en las siguientes categorías: discurso estigmatizante (15), restricciones en internet (14), agresiones físicas o verbales (10), restricciones administrativas (9), hostigamiento judicial (1), censura interna (1) y alerta de género (1). Estas vulneraciones afectaron directamente a 11 trabajadores de la prensa, un escritor y un activista, así como a siete medios de comunicación, tres plataformas de verificación de información, dos organizaciones defensoras de la libertad de expresión y un servicio de VPN.
Los principales responsables de estos agravios fueron los proveedores de internet, con 12 casos reportados, seguidos por Nicolás Maduro con siete incidencias, y funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en seis ocasiones. En particular, Nicolás Maduro, entonces candidato a la reelección por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), atacó discursivamente a periodistas y agencias internacionales de noticias utilizando transmisiones televisivas de sus actos de campaña y redes sociales como plataformas para estos señalamientos.
Recrudecieron los bloqueos
En Venezuela, se continúan utilizando medidas discrecionales para obstaculizar el acceso a sitios web de medios de comunicación, y a las plataformas de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos. Entre el 4 y el 25 de julio ocurrieron 12 vulneraciones, incluyendo el bloqueo de cuatro medios digitales, tres plataformas de verificación de información, cuatro organizaciones defensoras de la libertad de expresión y un portal de servicio de VPN. Estas medidas buscan limitar el acceso de la población a información independiente y verificada, y dificultar la denuncia de abusos de poder y otras irregularidades.
El lunes 22 de julio, fue restringido el acceso a los medios de comunicación TalCual, El Estímulo, Analítica y Runrun.es, así como a las organizaciones Medianálisis y Ve sin Filtro. La semana anterior, el 17 de julio, la estatal Cantv empezó a aplicar un bloqueo al sitio web de la organización Espacio Público.
Asimismo, el portal web del servicio Proton VPN está bloqueado por el proveedor Airtek desde el 20 de julio. Un día antes, Proton anunció que liberó sus servicios en Venezuela en el marco de las elecciones del 28 de julio. Entre el 4 y el 12 de julio también fueron bloqueados los sitios web de Cazadores de Fake News, EsPaja, el Observatorio Venezolano de Fake News y el de nuestra organización, IPYS Venezuela.
11 de 12 bloqueos fueron aplicados desde los principales proveedores de internet del país, Cantv, Movistar, Digitel, Inter y NetUno, bajo las modalidades de DNS y HTTP/HTTPS.
Hostigamiento a la prensa extranjera
Además de los obstáculos derivados de un proceso de acreditación engorroso y de apenas 15 días (del 4 al 19 de abril), la prensa extranjera fue víctima de un articulado hostigamiento verbal durante la campaña electoral. El entonces candidato a presidente, Nicolás Maduro; el presidente de la Asamblea Nacional y jefe del comando de campaña del oficialismo, Jorge Rodríguez; y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, emitieron señalamientos públicos y acusaciones contra medios de comunicación extranjeros y enviados especiales de medios de comunicación internacionales.
Maduro y Rodríguez coincidieron en utilizar la palabra “basura” para referirse a las agencias y medios de comunicación internacionales y ambos señalaron que CNN en Español encabezaba un plan para divulgar anticipadamente resultados electorales, mediante la publicación de resultados de sondeos a boca de urna (exit poll); todo ello con el presunto propósito de crear una matriz de opinión favorable a la oposición.
Lo más preocupante es que estos altos funcionarios estatales no dudan en atribuirle anticipadamente a los representantes de la prensa extranjera la comisión de delitos electorales, que según la ley acarrean hasta diez años de prisión. Ello constituye una amenaza que complica aún más la cobertura periodística del evento electoral por parte de corresponsales y enviados y enviadas especiales de medios de comunicación internacionales.
El caso del periodista argentino Jorge Pizarro, enviado especial de Radio Rivadavia, fue otro que concluyó en deportación. El 25 de julio, Pizarro contó en una entrevista para Radio Rivadavia que, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, funcionarios del Estado venezolano retuvieron su pasaporte, le negaron la entrada al país, lo interrogaron 10 veces, le tomaron 14 fotos en espacios diferentes y le hicieron grabar un video en el que tuvo que decir quién es, a qué vino y qué pretendía hacer en Venezuela.
Las violaciones al ejercicio de la prensa documentadas en este reporte son una evidencia alarmante del patrón sistemático de represión hacia los periodistas y medios de comunicación en Venezuela. Estas acciones no solo obstaculizan la labor periodística, sino que amenazan los principios democráticos y el derecho de los ciudadanos a estar informados. Es imperativo que las autoridades venezolanas tomen medidas para garantizar un entorno seguro y libre para el ejercicio del periodismo en el país.