La visita a Honduras de Irene Khan, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, es una oportunidad histórica para reconocer las agresiones contra los derechos humanos de periodistas y comunicadores en el país centroamericano. Desde 2003, nuestro socio C-Libre ha reportado 2152 alertas por agresiones a personas vinculadas a medios de comunicación o vocerías comunitarias. Estos casos fueron presentados en el Informe de Libertad de Expresión (ILE-2022): “Sin acallar la crítica ¡Recuperemos la palabra!” que destaca la permanencia de un marco normativo que criminaliza las voces críticas en Honduras.
C-Libre documentó también los hechos más evidentes y manifiestos contra el derecho a la libertad de expresión durante el año 2022, como la censura, la persecución penal a periodistas, las restricciones al acceso a la información pública, y el asesinato de cinco periodistas desde que Xiomara Castro de Zelaya inició su periodo presidencial..
“Tomar la palabra y los micrófonos puede ser considerado, en algunos contextos con alto tráfico de influencias, motivo de persecución y de posibles querellas, como las ha vivido por más de catorce años el periodista, Carlos Eduardo Ávila, al darle voz a las estudiantes víctimas de acoso sexual: una acción que lo mantiene a un paso de la prisión, por una condena que se le imputa”, dijo Amada Ponce, directora ejecutiva de C-Libre.
“Desde el 2001 a la fecha, más de 40 personas han sido víctimas de estas acciones de prejuzgamiento judicial, que ha llevado a condenas de decenas de periodistas en el marco del ejercicio de su labor, y ha establecido una onda silenciadora en los medios de comunicación bajo la amenaza de la persecución penal”, agregó Ponce.
El Informe de Libertad de Expresión (ILE-2022) señala que desde 1981, 99 personas vinculadas a medios de comunicación han sido asesinadas en Honduras. Entre estas víctimas hay directores de medios, jefes de redacción, editores, periodistas, reporteros, camarógrafos, , fotógrafos, cronistas deportivos, locutores, operadores, presentadores de programas de entretenimiento y coordinadores, presentadores y directores de noticias . 47 de estas víctimas laboraban en televisión, 36 en radio, dos en prensa escrita, dos en medios digitales, y el resto en otras actividades.
Una estructura legal y normativa opresora
Uno de los mayores retos de Honduras es la estructura normativa legal, como el Código Penal vigente, que contiene alrededor de 18 artículos que afectan el ejercicio periodístico. Seis de estos artículos están relacionados con delitos contra el honor y con la protesta social.
A mayo del 2022 unos 40 periodistas están procesados en Honduras, todos con altas probabilidades de terminar en prisión. Con la anterior normativa, las instancias civiles eran suficientes para resolver la calumnia, la difamación y la injuria. Ahora, el Código Penal en el título III define que son delitos contra el honor y deben resolverse en tribunales. Esto es opuesto a la Carta Magna, que en su artículo 71 define la libre emisión de pensamiento, sin previa censura.
Según registros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), entre el 2016 y julio del 2023, 107 periodistas y comunicadores sociales denunciaron estar en riesgo y ser víctimas de desplazamiento forzado, al ser objeto de amenazas en un 80% de los casos. Esto no solo puso en riesgo el ejercicio de su profesión, sino su integridad física y su vida.
Estas denuncias provienen de personas vinculadas a medios de comunicación, como propietarios de medios de comunicación, directores de espacios en radio y televisión, presentadores de noticias, locutores, camarógrafos, presentadores de programas de entretenimiento, cronistas deportivos, operadores, gestores de publicidad y editores de televisión.
Recomendaciones de C-Libre y la Red Voces del Sur
En el marco de la visita de la relatora Irene Khan, C-Libre y la Red Voces del Sur reiteran las siguientes recomendaciones al Estado de Honduras:
Crear una Comisión Interinstitucional para agilizar las investigaciones respecto al asesinato de periodistas, comunicadores, defensores de Derechos Humanos y operadores de justicia relacionados con la Libertad de Expresión.
Avanzar en la revisión de la normativa que restringe la libertad de expresión en Honduras, como la Ley de Inteligencia Nacional y de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aunque la derogación de la Ley de Secretos constituye un avance importante, todavía existen artículos contenidos en algunas normativas vigentes que pueden ser utilizados para restringir el derecho a la información pública, como los artículos 18 y 19 de la Ley de Inteligencia Nacional, vigente desde enero de 2013. Los artículos 17 a 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública también pueden restringir el acceso a la información.
Actualizar y revisar de la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, vigente desde del 26 de julio de 1958.
Instamos a la relatora Irene Khan a que acompañe al Poder Legislativo, para garantizar que la reforma al Código Penal vigente despenalice los delitos de honor, en el marco de las recomendaciones de la Comisión Especial que tutela este asunto en el Congreso Nacional.
Suspender la veda sobre el otorgamiento de frecuencias de radios comunitarias en Honduras. Pese a que hay unas 50 radios y tres canales de televisión comunitarios, solamente 10 cuentan con permiso de operación vigente.
·Avanzar en la protección de las personas que ejercen el periodismo. Un paso a favor de dicha protección sería la plena implementación del Plan de Acción de las Naciones Unidas Sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, que contribuye a la seguridad de periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales, y al reconocimiento de la importante labor que realizan.
·Asignar suficientes recursos económicos y técnicos para el correcto funcionamiento del Mecanismo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Firman las organizaciones de la Red:
Foro de Periodismo Argentino, FOPEA (Argentina)
Asociación Nacional de la Prensa, ANP (Bolivia)
Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, Abraji (Brasil)
Observatorio del Derecho a la Comunicación, ODC. (Chile)
Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP (Colombia)
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX (Costa Rica)
Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP (Cuba)
FUNDAMEDIOS (Ecuador y Estados Unidos)
Asociación de Periodistas de El Salvador, APES (El Salvador)
Instituto DEMOS (Guatemala)
Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE (Honduras)
ARTICLE 19 (México y Centroamérica)
Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia FLED (Nicaragua)
Instituto de Derecho y Economía Ambiental, IDEA (Paraguay)
Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS (Perú)
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CA-INFO (Uruguay)
Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, IPYSVe (Venezuela)
América Latina, 18 de octubre de 2023