La Red Voces del Sur rechaza las pretensiones del Gobierno Uruguayo de derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de restituir decretos de la dictadura militar, pues constituyen graves retrocesos en términos de libertad de expresión y Derechos Humanos.
Durante el más reciente mensaje de Rendición de Cuentas en Uruguay, el Ejecutivo presentó al Parlamento una propuesta de ajustes al presupuesto nacional, que incluye la adhesión de siete artículos que buscan: a) derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (19.307); b) establecer la vigencia de las leyes de comunicación aprobada durante la dictadura militar en las décadas de 1970 y 1980 (Decretos-Ley 14.670 y 15.671); y c) dejar vigente parcialmente los derechos de personas con discapacidad y la obligatoriedad de transmisión en TV abierta de eventos de interés general.
Restablecer normas existentes durante la dictadura en materia de medios de comunicación impactaría negativamente en la pluralidad e independencia mediática, pues dejaría sin efecto la ley 19.307, que establece concursos abiertos y transparentes para la asignación de frecuencias, así como mecanismos que previenen la concentración del gasto público de publicidad oficial y, por tanto, evita monopolios mediáticos.
La derogación de la Ley 19.307 también contraviene recomendaciones internacionales sobre la autonomía de los medios, pues eliminaría el Consejo de Comunicación Audiovisual, que justo busca garantizar la independencia mediática del poder político, por lo que, de aprobarse la regulación de medios quedaría supeditado a las decisiones del Ministerio de Industria (Poder Ejecutivo) y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación Audiovisual, un órgano técnico desconcentrado del poder Ejecutivo.
La propuesta del Ejecutivo parece configurar una estrategia que apoya la generación de monopolios, pues pretende eliminar el artículo 56 de la ley 19.307, que instaura límites a la concentración mediática. Incluso la propuesta busca eliminar la figura de grupo económico y pretende pasar los límites de licencia por persona y no por persona jurídica.
De igual forma, bajo el argumento de “Seguridad Nacional”, el Ejecutivo pretende eliminar el carácter transparente y democrático de la asignación de frecuencias, pues busca que esta facultad dependa solo de la voluntad del Ejecutivo. Adicionalmente, el artículo 208 propuesto, genera incertidumbre jurídica para los permisionarios actuales, ya que establece que las autorizaciones actuales sean revocables.
De especial preocupación es la propuesta de eliminar todas las disposiciones que protegen los derechos de la infancia y la adolescencia, mismas que fueron declaradas constitucionales por la Suprema Corte de Justicia y que contraviene el Código de la Niñez y la Adolescencia de 2004. Estos mandatos fueron emitidos, en su momento, para proteger la emisión de contenidos no apropiados a los derechos de niños y adolescentes en los medios de comunicación, por lo que, si el Parlamento aprueba la propuesta del Ejecutivo, se daría a interpretaciones arbitrarias sobre la protección de la infancia, afectando no sólo la libertad de expresión, sino también otros Derechos Humanos de la niñez uruguaya.
La propuesta del Ejecutivo es un claro retroceso en materia de Derechos Humanos, libertad de expresión, de pluralidad, autonomía e independencia mediática, así como constituye una grave afrenta para la democracia en el país. Por lo anterior, la Red Voces del Sur llama al Parlamento Uruguayo abstenerse de aprobar las propuestas del Ejecutivo, reconociendo que éstas tienen un impacto negativo en la democracia y que contravienen el avance progresivo de los Derechos Humanos.
Firman las organizaciones miembro de Voces del Sur:
Foro de Periodismo Argentino, FOPEA (Argentina)
Asociación Nacional de la Prensa, ANP (Bolivia)
Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, Abraji (Brasil)
Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP (Colombia)
Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP (Cuba)
Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, FUNDAMEDIOS (Ecuador)
Asociación de Periodistas de El Salvador, APES (El Salvador)
Instituto DEMOS (Guatemala)
Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE (Honduras)
ARTICLE 19 (México y Centroamérica)
Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia FLED (Nicaragua)
Instituto de Derecho y Economía Ambiental, IDEA (Paraguay)
Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS (Perú)
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CA-INFO (Uruguay)
Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, IPYSVe (Venezuela)
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX (Costa Rica)
Latinoamérica, 22 de julio de 2022.