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En Venezuela, la información de interés público está en cautiverio. Desde hace más de una década la mantienen oculta bajo una política de control y silencio que ha devenido en la pérdida de la institucionalidad responsable de esta tarea y en la desaparición o el ocultamiento paulatino de la memoria reciente del país, de sus datos, sus estadísticas, sus cifras e informaciones más relevantes en materia de salud, economía, educación, seguridad, alimentación y acceso a la justicia.
Este escenario ha supuesto un importante deterioro del derecho a saber del ciudadano, debido a las graves implicaciones que tiene en la sociedad venezolana para la exigencia, promoción y ejercicio pleno de los otros derechos humanos. La población desconoce informaciones que les afectan, que son necesarias para la formación de la opinión pública y la toma de decisiones, que garantizan su participación en los procesos de evaluación de la gestión pública, y en la exigencia del funcionamiento de las políticas públicas.
La estructura gubernamental tampoco ofrece mecanismos efectivos para proteger el derecho de las personas a recibir la información solicitada a través de peticiones formales. Los obstáculos en el acceso a la información se han naturalizado.
Cifras:
Entre enero de 2020 y noviembre de 2021, IPYS Venezuela contabilizó un total de 136 violaciones al derecho de acceso a la información pública. Estos hechos comprendieron principalmente 122 obstrucciones al trabajo periodístico por negativas de acceso a lugar e impedimentos en la movilidad de los periodistas, y 14 por limitaciones arbitrarias al derecho de preguntar de los reporteros.
A estas vulneraciones se sumaron los 30 casos de censura previa y 21 de censura interna, actos que también afectaron la difusión de noticias verificadas de forma oportuna favoreciendo la circulación de desinformación
Un claro ejemplo fue la dificultad para obtener información sobre la Covid-19 y el plan de vacunación en Venezuela. No hay fuentes confiables, estos temas solamente son abordados a través de las declaraciones de las autoridades públicas. Incluso se han ejercido medidas de acoso y persecución hacia quienes buscan y difunden contenidos vinculados con esta información y que violentan las libertades de periodistas y ciudadanos.
Esta brecha también se profundiza en el marco electoral. Del total de limitaciones a la información registradas por IPYS a lo largo de los primeros 11 meses del año, 35 ocurrieron el domingo 21 de noviembre durante las elecciones regionales y municipales de 2021. Los atentados contra el acceso a la información radicaron en la prohibición a la prensa para realizar registros fotográficos y de video en los centros de votación. También se evidenciaron negativas para acceder a las instalaciones de estas instituciones a pesar de que los reporteros contaban con las acreditaciones otorgadas por el Consejo Nacional Electoral.
Entre las afecciones destinadas a obstruir el flujo de información básica, IPYS registró 114 limitaciones por uso abusivo del poder estatal, 64 hechos de censura, 60 detenciones arbitrarias y 45 procesos civiles y penales.
Legislación:
En 2021, se presentó el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el cual fue aprobado y entró en vigor el 20 de septiembre del año en mención.
Pese a que el ordenamiento jurídico venezolano establece que la información pública debe ser oportuna, veraz y eficaz, en el país se dejó de ofrecer al ciudadano, a los investigadores y periodistas las publicaciones sobre los presupuestos nacionales y su ejecución, memorias y cuentas de los ministerios, indicadores macroeconómicos como la inflación, registros de contrataciones públicas, boletines epidemiológicos, tasas de natalidad y mortalidad infantil, índices de pobreza y de desarrollo humano, estadísticas de criminalidad, datos sobre el panorama alimentario, cifras de migración, tasa de matrícula escolar y deserción escolar, y demás aspectos referidos a la realidad social y económica del país.
Según expertos, en el escenario de oscuridad que envuelve a los datos públicos en Venezuela, la ley no cumple con los estándares mínimos para garantizar el derecho de acceso a la información debido a la excesiva discrecionalidad que faculta a los funcionarios al establecer
las excepciones para limitarlo.
Las alternativas propuestas para mitigar el ambiente restrictivo, se enmarcan en es seguir exigiendo que las instituciones y sus funcionarios publiquen la información que debe estar al
alcance de las personas y continuar generando mecanismos de construcción y recolección de data propia por parte de periodistas y de las organizaciones no gubernamentales.
Algunas conclusiones:
- Venezuela es el ejemplo más emblemático de la demolición de los derechos a la información. Aún cuando más de 12 leyes los defienden, son más de 20 años en los que a los venezolanos no solo se les ha prohibido acceder a la información pública. También se les ha negado el disfrute de otros derechos humanos, ya que es justamente a través del conocimiento oportuno y veraz que, sobre todo quienes pertenecen a los grupos más vulnerables, pueden ejercer estas garantías plenamente sin que se produzcan riesgos que impacten en sus condiciones de vida.
- Pero esta aplicación está lejos de concretarse en un país donde la información pública está desactualizada, incompleta y en formatos de difícil acceso. Sin duda, mientras que prevalezca la complicidad y el secreto por parte de los funcionarios del gobierno, no hay condiciones para que la información esté al servicio de los ciudadanos, aportando a la resolución de sus problemas cotidianos, a la exigencia de transparencia, y a la denuncia de excesos y omisiones que perjudican e interfieren el ejercicio de otros derechos fundamentales.
- Las dimensiones del desafío que enfrenta el espacio cívico venezolano en materia del acceso a la información es importante, y entre ellas se encuentra el reto de hacer ver a los periodistas y ciudadanos la utilidad que tiene este derecho para mejorar la calidad de vida. Es por eso que es indispensable continuar generando espacios de debate, análisis, estrategias y planes de acción que permitan atender los problemas y necesidades reales de las personas.