Dentro de los miembros de Voces Del Sur existe preocupación: la sentencia del juez Jesús Vega, del 30 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, en contra del periodista Christopher Acosta y del director de la editorial Penguim Random House Perú, Jerónimo Pimentel, crea un funesto precedente para el ejercicio periodístico en Perú y en la Región.
El Juez condenó en primera instancia al autor del libro “Plata como cancha” y dispuso 2 años de prisión suspendida y el pago de US$ 100 mil dólares en favor de César Acuña Peralta, ex candidato presidencial y líder del partido Alianza para el Progreso, quien impulsó una querella por difamación agravada.
Acuña demandó al periodista por la publicación de 55 frases consignadas en el libro, basadas en declaraciones públicas de terceros, citas de sesiones judiciales y congresales y otra información que no fue denunciada en su momento por el querellante. Vale destacar que Acuña se negó a brindar descargos al periodista pese a sus insistentes requerimientos.
A pesar de que Acosta hizo un trabajo diligente y acorde con los estándares rigurosos del periodismo de investigación, el magistrado Vega consideró que sí se había afectado el derecho al honor y la buena imagen de Acuña en distintas frases.
Voces del Sur recuerda que varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomiendan vías alternativas al proceso penal para la protección al honor respecto de opiniones relacionadas con la actuación en la esfera pública.
Asimismo, los personajes públicos, incluidos los políticos, gozan de un menor nivel de protección de su honor ya que se involucran en el debate público de forma activa, voluntaria y la sociedad tiene derechos a un nivel de escrutinio sobre estas personas, que incluye críticas y cuestionamientos de su accionar.
El Instituto Prensa Y Sociedad (IPYS) y los miembros de Voces del Sur consideramos que el juez Vega dictó una sentencia aberrante que genera un nefasto precedente para la libertad de prensa y el periodismo. Confiamos en que los jueces superiores actuarán garantizando la libertad de expresión y de prensa, violentada en la primera instancia del proceso.
Latinoamérica, 11 de enero de 2022.