Histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) encontró al Estado de Colombia responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión en perjuicio de la periodista Jineth Bedoya Lima, como resultado de los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000.
Ese día, agentes de la Policía Nacional le sugirieron a la periodista colombiana entrevistarse en la cárcel La Modelo con jefes paramilitares, para contener el riesgo que había generado su cubrimiento periodístico. Esta entrevista fue la trampa que ocasionó su secuestro, tortura y violencia sexual que ahora motiva la sentencia de la Corte-IDH en contra del Estafo colombiano.
Además, se declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia a la hora de realizar las investigaciones sobre dichos hechos, el carácter discriminatorio en razón de género de dichas investigaciones y la violación del plazo razonable.
El Tribunal declaró también la violación del derecho a la integridad personal, honra y dignidad, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de la madre de la señora Bedoya Lima, la señora Luz Nelly Lima.
Entre las medidas de reparación establecidas por la Corte-IDH están:
-Promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los restantes responsables de los actos de violencia y tortura que sufrió Jineth Bedoya Lima
-Garantizar la difusión del programa trans-media “No es hora de callar”, el cual se transmitirá por el sistema de medios públicos.
-Crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios para identificar actos y manifestaciones de violencia contras las mujeres basadas en el género que afectan a las mujeres periodistas, protegerlas en situación de peligro e investigar y enjuiciar a los perpetradores.
-Crear un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo, con un reconocimiento específico a la labor de las mujeres periodistas.
-Diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra periodistas, así como de violencia basada en género contra mujeres periodistas.
-Crear un Fondo destinado a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia, así como para la adopción de medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de las mujeres periodistas que se encuentran sometidas a un riesgo especial por el ejercicio de su profesión.
Las 13 organizaciones que conformamos la red de Voces del Sur saludamos y respaldamos la sentencia de la Corte-IDH pues así se contribuye a que el proceso internacional sea digno y con un componente reparador, que envía un potentísimo mensaje sobre la importancia del respeto al trabajo de las mujeres periodistas, convirtiéndose así en un ejemplo regional de garantía a la libertad de expresión y de respeto al trabajo periodístico.
Latinoamérica, 18 de octubre de 2021